Los socios minoritarios lo tendrán más difícil para exigir dividendos

Derecho de los socios minoritarios

Primeros pronunciamientos sobre el derecho de los socios minoritarios.

El pasado 1 de enero de 2017 volvió a entrar en vigor el artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que introducía una causa especial de separación del socio de la compañía mercantil ante la falta de reparto de dividendos, supuesto únicamente aplicable a las sociedades no cotizadas, dando por finalizada la prolongada suspensión de este polémico precepto.

El artículo 348 bis introdujo una medida de protección para los socios minoritarios, para que si estos consideran que no se defienden sus intereses, que se les impide obtener rendimiento económico, puedan separarse de la sociedad. Supone un refuerzo del derecho del socio minoritario al dividendo, permitiéndole separarse cuando la sociedad no reparta al menos un tercio de los beneficios obtenidos en la explotación del objeto social, obligando entonces a la sociedad a abonarle su correspondiente cuota de liquidación.

La intención del artículo de evitar un abuso de los socios mayoritarios. Sin embargo, puede ocasionar la situación inversa, en la que los minoritarios utilicen este derecho de separación de forma abusiva, controlando la decisión sobre el reparto de dividendos. Si antes los mayoritarios resolvían sobre la aplicación de los resultados y decidían el reparto de dividendos, ahora se han cambiado las posiciones y los minoritarios han sido investidos de un gran poder. Este poder puede poner en peligro la situación financiera de la sociedad, al verse obligada a destinar sus recursos, bien al reparto de un dividendo anual mínimo, bien a reintegrar el valor de las participaciones o acciones a quienes opten por separarse de la sociedad ante la falta de reparto del dividendo

La propuesta de modificación va encaminada a encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la sociedad y la legítima aspiración de los accionistas a participar de los beneficios cuando ello sea posible y razonable, es decir, mantener el espíritu del artículo, protegiendo a los minoritarios, pero sin que pueda ocasionar daños irreparables a las sociedades.
Las modificaciones son las siguientes:

  • Se condiciona la aplicación del artículo a que los estatutos sociales no dispongan lo contrario. Es decir, los estatutos de la sociedad pueden establecer que no se aplique. Para la aprobación de las disposiciones estatutarias que impidan la aplicación se exige unanimidad y si esta no se produce se reconoce el derecho de separación de los socios que hayan votado en contra.
  • Se exige un período más prolongado de obtención de beneficios, de hasta tres años. Frente a la situación actual que exige solamente la obtención de beneficios en el ejercicio anterior.
  • Se reduce el porcentaje mínimo de beneficios a repartir de un tercio a un cuarto, moderando así el impacto del reparto sobre la liquidez de la empresa.

La nueva redacción del artículo 348 bis es la siguiente:

  1. Transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos o su ausencia, tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, una cuarta parte de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente repartibles, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores y el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años sea inferior a la cuarta parte de los beneficios totales registrados en dicho periodo.
    Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder y salvo disposición contraria de los estatutos.
  2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.
  3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.
  4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:
    • Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.
    • Cuando la sociedad se encuentre en concurso.
    • Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.
    • Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

La Dirección General de los Registros y el Notariado, ha dictado recientemente dos Resoluciones de fecha 29 de noviembre de 2017 en las que por primera vez interpreta algunos puntos dudosos del art. 348 Bis de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el derecho de un socio se pueda separar de una sociedad cuando la misma no reparte al menos un tercio de los beneficios obtenidos en el ejercicio.

La Dirección General viene a decir:

  • No es al Registrador mercantil sino los Tribunales los competentes para decidir si el socio tiene o no derecho de separación y que el Registrador debe por tanto limitarse a designar al experto independiente para que proceda a la valoración de las acciones o participaciones del socio separado.
  • Para calcular el tercio de beneficios repartible a los socios, deben integrarse en los beneficios tanto los ingresos financieros como los posibles dividendos cobrados por la sociedad de otras sociedades filiales, cuestión ésta sobre la que ya había tenido ocasión de pronunciarse en alguna sentencia de la AP de Barcelona al referirse a los ingresos no ordinarios siempre que fuesen recurrentes.

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